Enfoque de Género en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.
Toda actividad empresarial puede generar impactos positivos o negativos sobre las personas. Por ejemplo, las empresas impactan positivamente a las personas a través de la generación de empleos dignos o provisión de bienes y servicios, entre otros. También es cierto que, en ocasiones, pueden generar impactos negativos sobre los derechos de las personas.
Es así, como en 2011 fueron adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PRNU), que sin duda marcaron un hito sobre el alcance que tienen las empresas respecto de los derechos humanos en el marco de actividades empresariales. Los PRNU se estructuran en tres pilares: el deber de los Estados de proteger los derechos humanos de impactos de actividades de terceros, incluyendo las empresas; la responsabilidad de las empresas de respetar estos derechos mediante la debida diligencia para prevenir y mitigar impactos negativos; y la obligación conjunta de remediar los daños mediante mecanismos de reparación efectivos para las víctimas.
Uno de los debates principales después de la aprobación de los PRNU, fue el enfoque de género y como se integraban en estos nuevos lineamientos internacionales, pues si bien tenía algunas referencias, no se reconoció como un enfoque de género trasversal, ni tampoco incluían lineamientos claros sobre como se esperaba que las empresas y los estados lo implementaran.
Teniendo en cuenta la enorme necesidad de abordar las desigualdades de género en el ámbito empresarial y de justicia, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas Trasnacionales y otras empresas presentó en 2019 el informe “Dimensiones de género de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” cuyo objetivo principal es el de proporcionar directrices a los Estados y a las empresas sobre la forma de incorporar una perspectiva de género al aplicar los PRNU.
Es importante resaltar, que este informe incorpora el concepto de género como sinónimo de mujer de manera amplia, es decir, incluye mujeres transgénero y mujeres intersexuales, pero no incluye todo el universo que implica la orientación sexual y la identidad de género diversa que sigue siendo un asunto pendiente por abordar.
Esta decisión se toma porque reconocen que las mujeres sufren de manera diferencial y muchas veces desproporcionada los impactos negativos de la actividad empresarial. Esto supone que hombres y mujeres sufren los impactos negativos de manera diferente y exacerbado. Por eso es importante que la empresa cuando haga una debida diligencia en derechos humanos tenga en cuenta, no solo a las mujeres que trabajan en su organización, sino también las mujeres que están en el entorno de la empresa, como en las cadenas de valor o en la comunidad en la que la empresa hace presencia. Esto porque tanto a nivel nacional, como a nivel internacional siguen existiendo muchas brechas en términos de empleo, acceso a la propiedad, violencias de género, entre otros.
El Grupo de Trabajo en este informe plantea un marco de género que complementan muy bien los tres Pilares de los PRNU por medio de tres etapas para los tres pilares que contiene recomendaciones clave para la implementación de la perspectiva de género; lo primero se denomina evaluación reactiva de género, en la que las empresas y los estados deben tener en cuenta la normatividad, tener en cuenta los impactos de género, producir datos de género, entre otras; la segunda supone medidas transformadoras de género, es decir, debe haber una asunción pública del compromiso de trabajar por la igualdad de género, se deben adoptar medidas afirmativas y de empoderamiento y promover la participación de mujeres; y por último unas reparaciones transformadoras de género que ofrezcan reparaciones preventivas, correctoras y disuasorias.
En conclusión, el Grupo de Trabajo subraya la urgencia de incorporar una perspectiva de género en la Debida Diligencia en derechos humanos empresarial, esto requiere del compromiso tanto del Estado, liderando con el ejemplo, como de las empresas, asumiendo la responsabilidad de transformar sus prácticas en consonancia con estos lineamientos, para poder transformar las estructuras que perpetúan las desigualdades.
Las mujeres tenemos una gran responsabilidad en elevar la voz para que estas estructuras realmente se transformen y dar a conocer estos principios rectores para que se implementen en el sector empresarial es uno de los pasos que se deben dar.
