Blog

La dinámica de migraciones que se vive en Colombia desde hace más de 7 años, obliga a replantearse las ideas y juicios que la sociedad mantiene con respecto a la salud menstrual de las mujeres y niñas. En la mayoría de los países, se perpetúan diferentes formas de discriminación basadas en el género y que tienen que ver con el acceso a bienes básicos. Los implementos de higiene personal femenina, por ejemplo, suelen considerarse como un artículo de lujo, cuando en realidad son elementos de primera necesidad. Ser migrante y entender el proceso natural de ser mujer es un lujo que no se pueden dar miles de niñas y mujeres en Colombia.

Por: Lala Lovera, directora de Comparte por una vida Colombia

Las niñas, jóvenes y mujeres hemos transitado por una larga lucha para reivindicar nuestros derechos. Gracias a la organización de diferentes colectivos, hemos logrado el reconocimiento de nuestros aportes a la sociedad, contando así con más oportunidades para estudiar, trabajar y contribuir al bienestar de nuestras comunidades. Sin embargo, el derecho a la salud integral sigue siendo uno de los más vulnerados, especialmente entre las mujeres que han decidido migrar.

La garantía de la salud e higiene menstrual involucra numerosos derechos fundamentales, tales como el derecho a la igualdad de género, a la salud, a la dignidad y a la privacidad, a la educación y al trabajo. Se estima que en el mundo, dos de cada cinco niñas en edad de menstruar pierden un promedio entre cinco a 25 días escolares al mes por no tener las instalaciones necesarias en las escuelas. Para esto, el Estado debe asegurarse de crear lineamientos normativos y políticas públicas enfocadas al acceso a lugares de trabajo y estudio adecuados con espacios de higienización en condiciones dignas y brindar diferentes opciones a las mujeres para el manejo de la menstruación en ambientes libres de discriminación y estigma.

Las discusiones acerca de la salud sexual y reproductiva suelen quedar fuera del debate público. En el imaginario colectivo, persiste la idea de que las mujeres somos las únicas responsables de nuestro cuidado, y por ello es un tema del que no se suele hablar lo suficiente ni en las escuelas ni en el seno de las familias. Así, aunque cientos de jóvenes en el mundo viven su primera menstruación en un proceso que es natural y propio de las etapas del crecimiento, muchas de ellas apenas cuentan con algunas ideas acerca de qué hacer y cómo cuidarse durante esos días.

Las mujeres, requerimos tanto de atención médica como de acceso a productos de higiene personal que garanticen nuestra comodidad durante la menstruación. El derecho a la salud integral se reivindica en la medida en que más mujeres pueden acceder a servicios de salud (para cuidar de su salud reproductiva, sexual y física) y, a su vez, cuentan con la información y los recursos para saber qué método usar en su higiene menstrual.

Sin embargo, esto no es algo que sucede en las familias de las niñas y jóvenes vulnerables. La poca o ninguna educación sexual y reproductiva que reciben no es suficiente para que sepan cómo cuidar su cuerpo y su salud.

Este escenario demuestra que no solo se trata de un problema de estética, sino que se trata de otra forma de subyugar a este sector tan vulnerable. Las niñas, jóvenes y mujeres requieren de todos aquellos implementos higiénicos que les permitan desenvolverse en la vida cotidiana. Las más necesitadas, cuando no cuentan con suficientes toallas sanitarias, simplemente dejan de asistir a los colegios o al trabajo porque temen pasar vergüenza, cuando en realidad el período es un proceso natural de la mujer. Así, aunque tengan oportunidades para desenvolverse e incorporarse a los procesos de su comunidad, cuentan con una limitación importante por el alto costo de los productos de higiene íntima.

La adolescencia, periodo en el que la niña comienza a transformarse a en mujer, es una oportunidad para perpetuar la violencia basada en el género que se vive a lo interno de la sociedad.

La salud integral femenina, un reto para Colombia

Las mujeres colombianas, al momento de comenzar su ciclo fértil, se encuentran con prejuicios e ideas retrógradas que les impiden disfrutar de una salud integral. Las creencias culturales, por ejemplo, causan un “tabú” para hablar de la higiene femenina se convierta en un tema tule o de prejuicios y la educación que reciben las niñas y adolescentes está cargada ideas negativas y concepciones erróneas. Las condiciones se complican en contextos migratorios, rurales, o cuando se presentan situaciones de emergencia y vulnerabilidad.

Al período menstrual, dentro del imaginario colectivo, se asocian sentimientos de vergüenza, ocultamiento e invisibilización. Estas ideas no tienen un fundamento científico válido, y responden más a creencias y prejuicios sin fundamento. Por demás, las niñas y adolescentes no cuentan con espacios para aclarar dudas y alimentar su conocimiento acerca de lo que está pasando con su cuerpo, lo que ayuda a perpetuar las falsas creencias en torno a la menstruación y eleva los riesgos de violencia de género.

Así, las niñas tienen que asimilar la menarquía (primera menstruación) con los pocos recursos disponibles. La mayoría lo asume con sorpresa, pues no sabe cómo reaccionar ante este hecho. La adolescencia, periodo en el que la niña comienza a transformarse a en mujer, es una oportunidad para perpetuar la violencia basada en el género que se vive a lo interno de la sociedad. Una vez que las niñas tienen su primer período, se les asignan más roles y tareas dentro del hogar, generalmente relacionadas con el cuidado de la familia. La experiencia se transforma en un hecho traumático, pues la edad promedio de madurez sexual de las niñas se ubica alrededor de los 12 años, edad en la que la mente de la joven necesita de orientaciones para asimilar la transición entre etapas.

La imagen que las niñas crean con relación a su período se asocia a ideas negativas como consecuencia de las acciones del grupo. Quienes no cuentan con agua corriente, productos de aseo personal ni reciben una educación acerca de cómo aliviar los dolores menstruales simplemente perciben la menstruación como una molestia significativa que interfiere en las actividades cotidianas. Esta es una de las formas en las que actúa la violencia basada en el género, pues las mujeres cuentan con más dificultades para obtener algo de comodidad durante su ciclo mensual.

Durante la pandemia, las condiciones se han vuelto especialmente difíciles para aquellas que han decidido cruzar la frontera e instalarse en Colombia. Las migrantes venezolanas deben luchar con la realidad de ser refugiadas, en otro país al que recién conocen, y además padecen de las carencias típicas de quienes no cuentan con acceso a los insumos mínimos para su comodidad. De los casos de muertes de mujeres venezolanas migrantes en Colombia en 2018 y 2019, el 57,3% eran casos de feminicidio, el 10% de las víctimas por muertes violentas eran menores de edad presuntamente víctimas de la trata de personas.

Las mujeres migrantes son víctimas de violencia sexual, ya sea mientras se encuentran en tránsito o antes de su migración. En un estudio reciente realizado a personas migrantes en zonas fronterizas, se evidenció que para las víctimas de violencia basada en género no existe claridad sobre cuáles son las rutas para la atención de sus casos, ni se les explica la necesidad de acudir al sistema de salud en búsqueda de apoyo psicológico y físico. Esto es especialmente para aquellas que han sido víctimas de violencia sexual, pues la denuncia oportuna es el único medio para disminuir la proliferación de los casos.

El desconocimiento generalizado sobre la salud reproductiva y la higiene menstrual de la población migrante proveniente de Venezuela, también ha dificultado el acceso pleno de las mujeres migrantes a los programas disponibles para su atención.

Actualmente, en Colombia viven cerca de dos millones de migrantes venezolanos, de los cuales la mitad son del género femenino. De estás, la mayoría se encuentran en el segmento de edad comprendido entre los 15 y 39 años, por lo que se encuentran en pleno ciclo fértil. Quienes han decidido arriesgarse a cruzar las trochas, lo hacen porque en su país de origen no cuentan con recursos para adquirir un paquete de toallas sanitarias, jabón o medicinas. En los anaqueles venezolanos, la oferta de productos de higiene se limita a 4 marcas, y un paquete de toallas sanitarias supera el salario mínimo. Al momento en que se publicó esta nota, el dólar en Venezuela se cotizaba alrededor de los 1.800.000 Bs., mientras que el salario mínimo vigente se ubica en los 1.200.000 Bs., y las mujeres se debaten entre comprar alimentos o adquirir productos de higiene. Mientras, un paquete de toallas íntimas en las principales farmacias venezolanas se ubica alrededor de los cuatro millones, un lujo que no todas pueden permitirse, lo cual no es más que la perpetuación de las desigualdades de género que se vive a lo interno de las sociedades modernas.

La discriminación y pobreza menstrual es una de las consideraciones que toman en cuenta aquellas mujeres que deciden emprender la huida y buscan refugio en Colombia. El deterioro de las condiciones sociales en Venezuela es lo que motiva a las mujeres a aventurarse en otras latitudes, como una alternativa de emergencia para acceder a mejores servicios y oportunidades de empleo con las cuales comprar sus insumos mensuales. Las mujeres que viven en medio de la pobreza se debaten entre comprar alimentos para sus familias o gastarlos en un paquete de toallas sanitarias y, por supuesto, el dinero no alcanza para cubrir ambas necesidades. El alto costo, los impuestos y la falta de empleo no son más que una extensión de la discriminación a la que son sometidas las mujeres de los sectores más humildes.

Sin embargo, una vez que las mujeres cruzan hacia el lado colombiano, estas mujeres luchan por tratar de garantizar los ingresos mínimos que permitan la subsistencia de sus familias, pero las condiciones laborales y el desempleo juegan en contra. Por ejemplo, en sectores como La Parada, al norte de Santander, las familias migrantes reportaban ingresos diarios por el orden de $17.254 COP, de acuerdo con datos reflejados en la Primera Caracterización de La Parada (2020), mientras que los gastos asociados a la manutención de los hogares durante la pandemia ascendían a los $19.000 COP, de acuerdo con datos suministrados por las familias que son atendidas en nuestro programa «Quédate en la Escuela». Dado que el gasto mensual promedio en productos de higiene menstrual se ubica alrededor de los $15.000 COP, muchas madres han tenido que omitir este rubro con el fin de garantizar el alimento de sus familias, más cuando algunas perdieron sus empleos debido a la paralización del sector productivo.

El derecho a la salud integral debe formar parte de la agenda gubernamental, la pobreza menstrual afecta directamente el bienestar, la protección y la dignidad de las niñas y jóvenes migrantes, creando barreras en el acceso al trabajo formal, a la educación y a productos y servicios de salud. En efecto, cuando faltan a la escuela, las niñas migrantes tienen más probabilidades de ser violentadas por grupos irregulares, quedar embarazadas, desertando definitivamente del sistema educativo.

Por lo tanto, se debe apostar por un cambio de mentalidad en favor de los derechos del colectivo de las mujeres. La menstruación es un proceso natural, sin nacionalidad ni banderas, todas las mujeres incluyendo las migrantes tienen derecho a una salud integral, lo cual se logra gracias a las acciones coordinadas de los actores sociales. Como organización de la sociedad civil, CPUV Colombia, ha impulsado proyectos con enfoque de género, manteniendo su propósito de contribuir en la estabilización de la población involucrada en las dinámicas de los flujos migratorios mixtos, a través de modelos integrales que promueven la restitución de derechos, bienestar e integración social en Colombia.